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Los postes inclinados, las estructuras deterioradas y los cables sueltos o en desuso representan situaciones que requieren atención por los riesgos que pueden generar en la vía pública. En Posadas, el control de estas instalaciones se encuentra regulado por la Ordenanza XVIII N.º 336, que establece las condiciones para la colocación, identificación, conservación y utilización del espacio público por parte de las empresas que prestan servicios de energía, telefonía, internet y televisión por cable.
La normativa asigna al Municipio la función de autorizar y fiscalizar las intervenciones, mientras que establece que las empresas propietarias de la infraestructura son responsables de su mantenimiento, conservación y reemplazo. Esta obligación alcanza también a los cables de sus redes, cuyo estado debe ser preservado por las respectivas prestatarias.
Desde la Secretaría de Movilidad Urbana se reciben un promedio de 40 reclamos semanales relacionados con postes. Una vez ingresada una denuncia, un inspector se dirige al lugar para verificar la situación, identificar a la empresa responsable y labrar el acta correspondiente, que luego es notificada a la firma.
Si la empresa no resuelve el inconveniente dentro del plazo establecido en la intimación, se labra un acta de infracción y las actuaciones se elevan al Juzgado de Faltas. Además, cada intervención queda documentada mediante un expediente, lo que permite dejar constancia del procedimiento administrativo realizado.
Identificación y responsabilidad de las empresas
Uno de los principales avances de la Ordenanza XVIII N.º 336 es la obligación de identificar los postes y los tendidos de cables con el nombre o logo de la empresa responsable. En el caso de las redes aéreas, los cables deben contar con precintos identificatorios diferenciados por prestataria. También se exige que los postes exhiban un número de contacto ante posibles daños o accidentes.
Esta medida busca facilitar la identificación de las empresas responsables y agilizar las intervenciones cuando se detectan estructuras deterioradas o situaciones que requieren reparación. La normativa también promueve el uso compartido de postes e infraestructura, para evitar la proliferación de estructuras y ordenar los tendidos en el espacio público.
La ordenanza contempla, además, sanciones para las empresas que incumplan sus disposiciones. Entre ellas se encuentran multas por falta de identificación de postes y cables, instalaciones sin autorización y tendidos realizados de manera antirreglamentaria. También establece penalidades progresivas para las prestatarias que, luego de ser intimadas, no realicen el mantenimiento o retiro de postes que representen un riesgo.
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